Es la propuesta del Gobierno para situar a la industria en el centro de la recuperación económica y contiene 97 medidas que se estructuran en torno a diez líneas de actuación para fortalecer el sector y mejorar su competitividad.
La Agenda se estructura en torno a diez líneas de actuación para fortalecer el sector y mejorar la competitividad de la industria española:
- Estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador en la economía.
- Mejorar la competitividad de los factores productivos clave.
- Asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible dentro de la Unión Europea.
- Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español.
- Incrementar la eficiencia y la orientación al mercado y a los retos de la sociedad de la I+D+i.
- Apoyar el crecimiento y la profesionalización de las PYME españolas.
- Adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas.
- Aumentar el peso de la financiación no convencional en las empresas industriales.
- Apoyar la internacionalización de las empresas industriales y diversificación de mercados.
- Orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses industriales.
El Ejecutivo apuesta por la aportación de incentivos fiscales para potenciar el crecimiento, así como por el apoyo a la I+D+i, la mejora del acceso a la financiación de las pymes, la creación de empresas de alto valor añadido, la lucha contra la morosidad y una mayor implicación de la diplomacia española en labores comerciales, al estilo de otras administraciones como la estadounidense, la alemana o la francesa.
La 'Agenda industrial' delimita claramente el trabajo de cada departamento y fija un plan de revisión sobre sus avances anuales además de ser plenamente compatible con el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia aprobado el 6 de junio.
Tras varios años de recortes, el Gobierno vuelve a poner en marcha incentivos fiscales para las empresas. Según figura en la Agenda, el Ejecutivo prevé otorgar apoyo financiero a la creación, traslado y ampliación de plantas industriales, así como a la financiación público-privada para las pymes en los sectores estratégicos.
Para lograrlo, el departamento que dirige José Manuel Soria, que ha seguido muy de cerca su elaboración, pretende redefinir los criterios de concesión de las ayudas priorizando el peso de la I+D+i y estableciendo uno niveles mínimos de inversión en bienes de equipo.
Se promoverá la participación en programas comunitarios como son el H2020 y los fondos Feder y se mantendrá el apoyo a programas de innovación en las empresas farmaceúticas, como Profarma, o de mejora de la competitividad con planes como el PIVE, para renovar el parque de automóviles, o el PIMA, para modernizar la maquinaría agrícola.
El Gobierno pretende también promover las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), lo que supone que empresas de distinto tamaño puedan colaborar para acelerar la introducción de nuevos productos en el mercado.
Para dar pasos adelante se escuchará una de las mayores reclamaciones de las empresas en los últimos años, mejorar la fiscalidad de las actividades de I+D+i y de los procedimientos de gestión. Además de buscar activamente sinergias entre los fondos públicos de financiación y los estructurales para poder identificar las áreas de colaboración en materia de política industrial.
Se vuelve a potenciar la inversión en alta tecnología en un sector de amplio retorno como es el espacio a través de la aportación de España a la Agencia Espacial Europea.
El Gobierno quiere iniciar a la vez un nuevo ciclo inversor en I+D militar que esté adaptado a las capacidades industriales de la defensa y que refuerce su uso dual, es decir, con mayor orientación al mercado y potenciará el sector naval mediantes instrumentos fiscales (tax lease) y otras medidas que no concreta.
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